galería El proyecto Castor, cuando el negocio es construir

 

 

 

Hemos tenido que esperar 4 años para que el informe encargado por Enagás al Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y la Universidad de Harvard confirmara la relación directa entre la operación de inyección de gas colchón del almacén Castor y los seísmos producidos en la zona . El conocido principio de la Navaja de Ockham, es decir, la explicación más sencilla es la más probable, apuntaba a que los que estaban manipulando el subsuelo son los que hicieron que éste temblara. Pero claro, si un informe científico lo ratifica, mejor. Si además viene de los Estados Unidos, aún mejor.Por desgracia, el estudio también ha confirmado que la falla de Amposta ha quedado desestabilizada y que hay peligro de mayores seísmos, -incluso de 6,8 en la escala Richter-, si se realizan las tareas de desmantelamiento del almacén. Es decir, las plataformas terrestre y marítima del Castor están destinadas a formar parte del paisaje de las tierras del Sénia por unos cuantos años. Y esto no es gratis, el mantenimiento anual sale a razón de 16 millones de euros que se incorporan a los peajes de nuestras facturas del gas , junto a la conocida indemnización de 1.350 millones de euros (con intereses, 2.420 millones en 30 años). En realidad, si se quiere conocer el importe de todo lo que pagaremos por el Castor, hay que sacar la calculadora y sumar numerosos “pequeños gastos”, todos ellos con cifras de seis ceros, que son el ejemplo más crudo de lo que significan las garantías públicas para los proyectos privados de gran envergadura .

Pero no nos perdamos en cifras. Lo más importante aquí es entender la lógica que apuntalaba el negocio del Castor. Imaginemos por un momento que queremos emprender un negocio en un sector en el que no tenemos experiencia. Situación de riesgo, ¿verdad? No tanto. El Estado nos dice que nos pagará todos los gastos hasta que lo pongamos en marcha y que, si en algún momento no lo vemos claro o cometemos un error grave y decidimos abandonar, nos indemnizará con todo lo invertido. Además, cuando el negocio esté en marcha nos pagará una cantidad anual para que podamos seguir adelante, aunque éste no funcione. Esas son las garantías públicas concedidas al proyecto Castor . Por un lado, la empresa ACS de Florentino Pérez no tenía experiencia en almacenes de gas, aunque las grandes empresas como ACS pueden comprar la capacidad técnica de otras empresas, y lo hizo asociándose con la canadiense Dundee Energy. Florentino consiguió firmar un contrato con la administración de José Luís Rodríguez Zapatero que blindaba el proyecto garantizando una indemnización incluso en el caso de renuncia . La indemnización se hizo efectiva 27 días después de que ACS abandonara el proyecto. Por otro, el almacén estaba dentro de la planificación gasística y, por tanto, recibiría en el futuro unas retribuciones anuales, aunque no se usara al ritmo esperado, como está pasando con las plantas de importación de gas y las centrales de ciclo combinado.

¿Riesgo? ¿Qué riesgo? Las grandes empresas como la ACS de Florentino Pérez se erigen como todopoderosas y tienen mecanismos muy bien engrasados para transferir el riesgo hacia la esfera pública. El Castor es, por encima de todo, un proyecto-estafa, un negocio garantizado por las espaldas de la ciudadanía, una suerte de barra libre de dinero público en un Estado bajo medidas de austeridad , una representación cuasi pornográfica del poder de las élites extractivas.

¿Responsables? ¿Qué responsables? Ni el gobierno de Zapatero , que firmó un contrato totalmente abusivo, ni el gobierno de Rajoy, que ejecutó sin pestañear el pago de la indemnización, son responsables. Tampoco el Banco Europeo de Inversiones (BEI), la institución pública que facilitó la inversión para el Castor. Y por supuesto, nada tiene que ver con ACS ni con Florentino Pérez; era un proyecto difícil que no salió del todo bien. Existe la confianza suficiente entre el gobierno y Florentino para saber que la próxima saldrá mejor.

¿No les recorre por el cuerpo una sensación de indignación? ¿y si añadimos las autopistas radiales, el túnel de Le Perthus, la indemnización a Avertis, la línea 9 del metro de Barcelona, y los conocidos AVEs sin pasajeros y aeropuertos sin aviones? El Estado español tiene un currículum demasiado extenso de transferencia de dinero público a las grandes empresas.

En el caso del proyecto Castor en particular, cabe preguntarse: ACS, ¿continúa recibiendo licitaciones públicas? ¿qué ha cambiado de su operativa que permita asegurar que un nuevo Castor no pueda suceder? Si la respuesta es “sí” y “nada”, tenemos un problema.

Es por esto que desde la sociedad civil nos estamos organizando bajo una campaña que tiene como objetivo revertir los mecanismos políticos y legales que permiten “pelotazos” de mega infraestructuras energéticas, con altos costes para la sociedad y el medio ambiente, como el fallido Proyecto Castor. Un hito importante en este proceso es la próxima celebración del Juicio Popular al Proyecto Castor, el 17 de junio en Barcelona, abriendo un periodo de adhesiones al proceso. Todos los detalles: http://www.odg.cat/es/blog/manifiesto-acusacion-juicio-popular-castor

Es urgente continuar trabajando para el desmantelamiento de las instalaciones del Proyecto Castor, entre otras reivindicaciones de las poblaciones locales. Asimismo lo es el hecho de poder revertir la actual situación de pago de deuda ilegítima, que asciende a más de 3.400 millones de euros, que recae sobre la ciudadanía.

Alfons Pérez (Observatorio de la Deuda en la Globalización – ODG)

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