galería Matanza en el estado de Pará

 

 

 

Mientras la policía militar y civil reprimió en Brasilia con armas de fuego dejando varios heridos entre los 150 mil trabajadores que se movilizaron ocupando la capital del país y exigiendo la destitución del presidente Michel Temer, en São Paulo se presenció una acción de desalojo por la fuerza policial, de dependientes químicos del área conocida como “Cracolandia”. El mismo día 24 de mayo, en la ciudad de Pau D’ Arco al sudeste del estado de Pará, en una acción de expulsión de ocupantes del MST, de una hacienda terrateniente, realizada por la policía civil y militar, fueron asesinadas diez personas.
Estos tres hechos coincidentes en la misma fecha, provocaron una condena del Alto Comisariado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunciando nuevamente el uso excesivo y recurrente de la violencia por las policias en Brasil, tanto en el ámbito agrario como urbano del país.
Mientras los policías de Pará afirmaban que fueron recibidos a balazos por los ocupantes “sem terra” de la hacienda, declaraciones obtenidas por el Ministerio Público de los sobrevivientes afirman que al llegar la policía los ocupantes se dispersaron y un grupo desarmado se refugió bajo una lona por causa de la lluvia. Allí fueron rodeados y comenzaron los disparos que provocaron la matanza. La acción policial duró unas dos horas y la final se oyó gritos de triunfo y risas. Los asesinos festejando su crimen.
Entre los ocupantes muertos hay nueve hombres y una mujer. Entre ellos siete personas pertenecen a una misma familia. La mujer asesinada es la presidente de la Asociación de los Trabajadores Rurales de Pau D’ Arco, Jane Júlia de Oliveira. Y entre los muertos está también su marido, Antonio Pereira Milhomem.
Los funcionarios del gobierno estadual hicieron todo lo posible para impedir una investigación imparcial. “El local donde ocurre una barbarie como esa debe ser preservado” declaró la procuradora federal de los Derechos del Ciudadano, Deborah Duprat. “Ahora es imposible reconstruir lo que ocurrió allí“. Funcionarios del estado removieron los cuerpos, trasladándolos sin realización de pericia en la escena del crimen. Los cuerpos fueron llevados a Marabá (PA) y Parauapebas (PA), donde serían sometidos a pericias de necropsia.
Promotoras de Justica del Ministerio Público, fueron impedidas por los médicos legistas de presenciar las acciones periciales, desconociendo las atribuciones legales del Ministerio Público. Y luego, cuando fue liberada su presencia por intervención del procurador-general de Justicia, Gilberto Martins, fueron impedidas de fotografiar los cuerpos o hacer cualquier registro documental del trabajo de los “peritos”.
En la evaluación del presidente del Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH) Darci Frigo que integró la comitiva federal que llegó el mismo 24 de mayo a la región para oír testimonios y acompañar las investigaciones,”no hay hasta ahora indicios que sustenten la versión policial. La tesis que los policías fueron recibidos a balazos cae por tierra en la medida que no hubo siquiera un policía herido“.

Pará, un estado esencialmente extractivista
El Estado de Pará es el segundo en extensión de las 27 unidades federativas de Brasil, sólo superado por el estado de Amazonas. Con 1 millón 248 mil km2, Pará es poco menor que Perú y algo mayor en superficie que Colombia. Posee 8,2 millones de habitantes y su densidad poblacional es de 6,6 habitantes por km2.
Si tuviéramos que definir cuál es el foco central de la minería a cielo abierto en Brasil sin lugar a dudas diríamos que se trata de Pará, con minas de hierro, bauxita, manganeso, calcáreo, niobio, oro y estaño, principalmente en el sudeste del estado. Y con centenares de nuevos proyectos extractivistas de corporaciones en trámite.
En hierro el destaque es el nuevo proyecto Ferro Carajás S11D de la Vale, lanzado en el segundo semestre de 2016, una enorme nueva mina en la Floresta Nacional de Carajás, con la duplicación de la ferrovía de Ferro Carajás que ya tiene 892 km y expandiendo con nuevos muelles el puerto oceánico de Ponta da Madeira en São Luis. Con este proyecto Vale pretende pasar a extraer de las 90 millones de toneladas anuales anteriores, a 230 millones de toneladas por año en la actualidad. O sea el extractivismo de hierro aumenta en 255% pasando a ser la Vale, el mayor productor de hierro del planeta. Y como todo el extractivismo en Ámerica, para Brasil lo único que queda es el agujero.
En el municipio de Oriximiná, en la villa de Puerto Trombetas arrancar la capa de bauxita de debajo de la floresta, en la forma más rápida y rentable posible sin preocuparse por la destrucción forestal, es la obsesión de la corporación Mineração Rio do Norte, donde la Vale posee el 40% de las acciones. Entre el 85 y el 95% de la bauxita es usada en la producción de aluminio en beneficio de transnacionales estadounidenses y europeas.
En la agricultura, Pará es el mayor productor de pimenta do reino de Brasil y está entre los primeros en la producción de coco de Bahía y banana. São Félix do Xingu es uno de los municipios con mayor producción de bananas del país.
En la pecuaria, existe un rebaño de más de 14 millones de cabezas de bovinos, en tierras fiscales apropiadas por terratenientes.
Toda esta enorme riqueza, de la que hemos mencionado solo una pequeña parte, es administrada en el gobierno por un par de canallas, que tienen bajo sus órdenes una policía de asesinos al servicio de terratenientes y corporaciones.

Pará, un estado gobernado por corruptos
El Tribunal Regional Electoral do Pará (PRE-PA) hace dos meses destituyó -el 30 de marzo de 2017- los mandatos del gobernador del estado, Simão Jatene (del PSDB, una organización colonial al servicio de EUA), y del vice governador, Zequinha Marinho (Partido Social Cristiano-PSC, formado principalmente por políticos de la bancada evangélica de la Cámara de Diputados) por “abuso de poder económico” un eufemismo para referirse a la corrupción con la que lograron el triunfo de sus candidaturas.
En la elección del 2014 utilizaron el acceso al programa de habitación estatal como contrapartida a quienes prometieran votarlos como candidatos. Sus candidaturas también son acusadas de un uso indebido de los medios de comunicación y la Justicia Electoral identificó donaciones de personas fallecidas a los dos candidatos. Lo que sugiere sobornos electorales de empresas.
Simão Jatene está en el tercer mandato como Gobernador estadual. Y tiene una acusación pública de haber recibido una propina de R$ 600 mil de la JBS a cambio de un incentivo fiscal a la corporación frigorífica. Se trata de la misma empresa que comprometió en la corrupción a Michel Temer y Aécio Neves-
Zequinha Marinho, el evangélico, tiene en su haber un proceso del Ministerio Público Federal contra su mandato por obligar a los funcionarios de su gabinete a colaborar con el Partido Social Cristiano con un 5% de sus ingresos.
Como todavía cabe el recurso de una nueva instancia, la pérdida del mandato de este par de truhanes no es inmediata. La separación del cargo sólo ocurre si el Tribunal Superior Electoral mantiene la decisión de destituir al gobernador y vicegobernador. Todavía no ha sido marcada la fecha para tratar el caso en el Tribunal Superior Electoral. Mismo con el recurso a una última instancia en la Justicia Electoral, Jatene no podrá concurrir en las elecciones de 2018 y permanecerá inelegible hasta 2022, por causa de la Ley de “Ficha Limpia”.
Con un gobernador del PSDB y un vice de la bancada evangélica, Pará es un ejemplo destacado de las administraciones corruptas del estado brasileño. Y del despilfarro de los recursos naturales del país, que promueven sus partidos políticos con mayoría en el Congreso.

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